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Amnistía Internacional denuncia detenciones ilegales, torturas y violaciones a DDHH en Venezuela

Amnistía Internacional publicó el Informe 2020-2021 en el que documenta la situación de los derechos humanos en 149 países durante 2020 y ofrece una perspectiva global así como análisis regionales.

El escrito refleja los motivos de preocupación de Amnistía lnternacional y presenta sus llamamientos a la acción dirigidos a gobiernos y otros actores. En 2020, la COVID-19 convulsionó el mundo. La pandemia y las medidas adoptadas para combatirla tuvieron consecuencias para la población en todos los rincones del planeta, pero además evidenciaron – agravándolas a veces – las desigualdades y las constantes de abuso existentes.

Sobre Venezuela, la organización corroboró que continuaron las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, y ataques a la prensa, en medio de una crisis humanitaria agravada por la pandemia.

“En la crisis continuada de derechos humanos que sufría Venezuela se recibieron de nuevo noticias sobre ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza y homicidios ilegales cometidos por las fuerzas de seguridad a lo largo del año. Quienes criticaban las políticas del gobierno —como periodistas, profesionales de la salud y activistas de la política— eran objeto de medidas represivas que incluían la criminalización, los juicios injustos y la detención arbitraria”, destacó el documento.

Capítulo Venezuela

En la crisis continuada de derechos humanos que sufría Venezuela se recibieron informes de tortura y otros malos tratos y desaparición forzada de personas detenidas arbitrariamente. Los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrían estigmatización y encontraban dificultades para llevar a cabo su labor. La crisis humanitaria empeoró, con una escasez generalizada de servicios y unos elevados índices de pobreza extrema.

La pandemia de COVID-19 agravó tanto esta situación como el deterioro progresivo de la infraestructura del servicio de salud. Las personas que regresaban al país eran recluidas en centros de cuarentena estatales en condiciones y durante periodos que podían constituir detención arbitraria y malos tratos. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, establecida por la ONU, determinó que existían motivos razonables para creer que en el país se cometían crímenes de lesa humanidad desde 2014 y que el presidente Maduro y altos cargos militares y ministeriales habían ordenado los crímenes documentados en el informe que presentó, o habían contribuido a su comisión.

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES. Siguieron recibiéndose informes de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Según informes recibidos por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), al menos 2.000 personas murieron en el país en el contexto de las operaciones de seguridad que tuvieron lugar entre el 1 de enero y septiembre. Hasta junio, el Comité de Derechos Humanos del estado Zulia había registrado 377 muertes, al parecer a consecuencia de la violencia ejercida por estas fuerzas policiales en ese estado. Las víctimas fueron principalmente hombres jóvenes que vivían en barrios de bajos ingresos y que, según afirmaban las autoridades, habían sido detenidos de forma arbitraria en circunstancias relacionadas con enfrentamientos con la policía.

DETENCIÓN ARBITRARIA. La detención arbitraria siguió formando parte de la política de represión contra la disidencia. Según la organización venezolana de derechos humanos Foro Penal, hasta octubre se habían registrado 413 detenciones arbitrarias por motivos políticos. Este tipo de detenciones había aumentado tras la declaración en marzo del estado de alarma en respuesta a la pandemia de COVID-19. Además de los activistas políticos, 12 profesionales de la salud que criticaron públicamente la respuesta del gobierno a la pandemia sufrieron detenciones breves y, posteriormente, restricciones. Se utilizó la pandemia de COVID-19 para restringir la notificación de las detenciones, por lo que las familias de las personas recluidas se veían obligadas a depender de información no oficial sobre su paradero. Esta incertidumbre y la vulnerabilidad de quienes estaban en prisión se vieron agravadas por la suspensión de las actividades de los tribunales y del Ministerio Público dictada como parte de las medidas para contener la pandemia. Continuaron la práctica de la desaparición forzada, los periodos de detención en régimen de incomunicación y el aislamiento en las etapas iniciales de la reclusión, lo que dejaba a las personas detenidas más expuestas a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Los congresistas Renzo Prieto y Gilber Caro, detenidos por las FAES en marzo de 2020 y diciembre de 2019, respectivamente, sufrieron largos periodos de aislamiento y detención incomunicada. Los dos estuvieron recluidos en comisarías policiales que no cumplían las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.

La contadora Maury Carrero fue detenida arbitrariamente en abril, al parecer por su relación con un asesor de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional. Carrero fue acusada por un tribunal que se ocupaba de casos de “terrorismo” y fue trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), donde permaneció incomunicada cinco meses. Durante ese tiempo no se proporcionó información oficial sobre ella. El presidente Nicolás Maduro indultó el 31 de agosto a 110 personas que habían sido criminalizadas, entre ellas Renzo Prieto, Gilber Caro y Maury Carrero. En los días siguientes y durante el resto del año se llevaron a cabo nuevas detenciones arbitrarias. Entre los detenidos figuraba Roland Carreño, periodista y miembro del partido Voluntad Popular, que fue privado de libertad en octubre.

TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS. Continuaron llegando informes sobre el uso de la tortura para obtener confesiones o declaraciones incriminatorias. La OACNUDH documentó 16 casos en los que se denunciaba el uso de métodos tales como palizas, descargas eléctricas, asfixia y violencia sexual. La Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre junio de 2019 de Rafael Acosta Arévalo a manos de la DGCIM.

Las contradicciones y lagunas de la investigación penal pusieron de manifiesto la necesidad de que éste y otros casos similares fueran investigados de manera independiente. El Ministerio Público reabrió la causa.

JUICIOS INJUSTOS. Seguían utilizándose juicios injustos para criminalizar a quienes mantenían opiniones distintas a las del gobierno de Maduro. Continuó el uso de la jurisdicción militar para procesar a civiles o personal militar retirado. Rubén González, preso de conciencia y líder sindicalista detenido en 2018 que cumplía una condena impuesta en un juicio injusto al que lo había sometido un tribunal militar, quedó en libertad en el marco del indulto del 31 de agosto. La OACNUDH señaló importantes deficiencias en el sistema judicial, los tribunales y el Ministerio Público, e hizo hincapié en los casos de falta de independencia y de injerencia de otras autoridades públicas. La mayor parte de los circuitos judiciales suspendieron sus actividades a partir del 15 de marzo debido a las restricciones por la COVID-19, y únicamente seguían funcionando los tribunales competentes en materia de delitos flagrantes.

Aquí el documento íntegro

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