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TSJ en el exilio considera a 43 altos cargos de Maduro “incorporables” a listas de crímenes de DDHH

En decisión del expediente SCP-2020-004, la sala de Casación Penal del máximo tribunal, con ponencia de su presidente el Magistrado Pedro José Troconis Da Silva, y el voto unánime de los demás integrantes, se solicita a diversas instancias internacionales, estudiar la incorporación de 43 representantes del régimen venezolano a listas de crímenes de DDHH.

La decisión convoca la citada consideración al Consejo de Seguridad y la Oficina de Lucha Contra el Terrorismo de la Organización de las Naciones Unidas, al Consejo de la Unión Europea, a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, los departamentos de Estado, Justicia y del Tesoro de los Estados Unidos, a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC); y remite además sus copias certificadas al Presidente Encargado de la República, Ingeniero Juan Guaidó, y a la legítima Asamblea Nacional electa en el año 2015.

En la lista a considerar como incorporables al registro de grupos y personas terroristas, se encuentran jefes de diversas áreas y jerarquías de la denominada revolución, desde donde se habrían ordenado y ejecutado acciones gravemente violatorias de los derechos humanos para infligir terror a la ciudadanía, inhibir el accionar de una amplia gama de derechos y, por ejemplo, forzar el éxodo que hoy comporta la más grave crisis migratoria de la historia venezolana.

La decisión, explica el Magistrado Pedro Troconis, se toma luego de meses de evaluar doctrinas sobre los diversos tipos de terrorismo, y muy especialmente los referidos al terrorismo de Estado y/o terrorismo desde el Estado, que serían consecuencia inmediata de la comisión de crímenes contra los derechos humanos, como la represión con uso desproporcional de la fuerza, heridas y muertes a manos de fuerzas oficiales o para-oficiales bajo el mando del régimen, encarcelamientos arbitrarios, torturas, abusos sexuales y otras aberraciones documentadas en diversos informes que ya se conocen a instancias de la ONU, la OEA y la Corte Penal Internacional.

En el caso venezolano, el hecho de que también las graves violaciones a los derechos humanos para aterrorizar e inhibir las actuaciones de la disidencia política, sean llevadas a cabo por diversos grupos irregulares señalados de ser armados e instruidos desde su centro de afiliación política, ocasiona que esta decisión judicial incorpore la solicitud de evaluar si el denominado Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) es en realidad una organización político electoral, o más bien un centro desde donde también se planifican y ejecutan acciones terroristas.

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La lista está encabezada por Nicolás Maduro Moros, e incluye, entre otros, los nombres de Diosdado Cabello Rondón, Adán Chávez Frías, Carmen Teresa Meléndez, Cilia Adela Flores, Delcy Eloina Rodríguez, Jorge Jesús Rodríguez, José Gregorio Vielma Mora, Freddy Alirio Bernal, Héctor Rodríguez, Tareck El Aissami, María Iris Varela, Ramón Rodríguez Chacín, Néstor Luis Reverol, Gustavo González López, Carlos Hernández Dala, Vladimir Padrino López, Hugo Armando Carvajal, Henry de Jesús Silva y Maikel Moreno Pérez.

Esta decisión se produce bajo la doctrina de impartir justicia a quienes la solicitan “iustitia nemini neganda est”, a propósito de los peticionarios María Gabriela Giménez Áñez , representada por el profesional del derecho Edilberto Escalante Rojas, y el Coronel en situación de retiro Carlos Méndez Jiménez, a cuya causa se adhirieron los miembros directivos de la Casa Venezolana Americana Emerald Coast, Brenda Stephens y Ricardo Troconis Troconis; quienes recurrieron ante la sala con el objeto de que se revisasen distintos convenios suscritos por la República Bolivariana de Venezuela que permitieran perseguir capitales fugados producto de prácticas corruptas del régimen, por una parte; y evaluar el alcance de la investigación iniciada en 2020 por la Fiscalía General de Estados Unidos contra el ciudadano Nicolás Maduro Moros y un grupo de colaboradores que, entre otros delitos, habría de demostrar conspiración para el narcoterrorismo, por la otra.

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